Habitantes de distintos sectores del estado Táchira exigen respuestas a las autoridades ante el deterioro de los servicios públicos, las deficiencias de infraestructura y diversas situaciones que afectan la seguridad y calidad de vida de las comunidades.

En el municipio Bolívar, específicamente en el sector José Félix Rivas de El Palotal, los vecinos aseguran tener casi dos semanas sin suministro de agua potable. La situación ha obligado a las familias a recurrir a camiones cisterna privados, cuyos propietarios estarían cobrando hasta 60.000 pesos colombianos por carga, un costo que representa una dificultad adicional para una población donde viven numerosos adultos mayores y personas con discapacidad.

La falta de electricidad también ha afectado la prestación de servicios esenciales. En el municipio Junín, el Hospital Padre Justo de Rubio quedó completamente a oscuras luego de una falla en la red eléctrica. Ante la interrupción del servicio, el personal sanitario tuvo que continuar sus labores utilizando las linternas de sus teléfonos celulares.

En otras localidades, las condiciones del terreno generan preocupación entre los habitantes. En la comunidad Francisco de Miranda, ubicada entre los municipios Cárdenas y Guásimos, se han reportado fisuras en los terrenos, paredes agrietadas, viviendas inclinadas y postes que podrían caer. Los vecinos advierten que esta situación pone en riesgo las propiedades y la integridad de más de 100 familias.

Mientras tanto, residentes de la carrera 6 de Patiecitos denunciaron que los trabajos de asfaltado permanecen paralizados desde hace más de diez días, debido a la espera de la maquinaria municipal que habría sido comprometida para ejecutar las labores de recuperación de la vía.

Las deficiencias en espacios públicos también generan preocupación. En la urbanización Altos de Paramillo, municipio Cárdenas, los habitantes alertaron sobre el deterioro de la reja perimetral de una cancha comunitaria, cuya estructura amenaza con caer hacia la vía principal.

A esta situación se suma el reclamo de vecinos de cuatro sectores cercanos a la quebrada La Zorquera, en San Cristóbal, quienes solicitan el dragado y la canalización del cauce para reducir el riesgo de inundaciones. Según los residentes, pese a que hace más de un año presentaron una solicitud formal ante la alcaldía, las obras preventivas todavía no se han ejecutado.

Los problemas también abarcan la movilidad y el uso de los espacios públicos. En la avenida principal de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, habitantes denunciaron que algunos conductores estacionan frente a las entradas de las viviendas pese a la señalización de «prohibido estacionar», dificultando el tránsito y el acceso de los residentes.

Las denuncias realizadas desde diferentes comunidades reflejan una serie de problemas relacionados con servicios básicos, infraestructura, riesgos geológicos y mantenimiento de espacios públicos. Los habitantes solicitan una respuesta oportuna de las autoridades y acciones concretas que permitan atender las emergencias antes de que el deterioro de estas zonas genere consecuencias mayores.