Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían admitido ante un juez de la Corte Penal Internacional (CPI) que modificaron sus nombres en distintas actas, una práctica que, según el abogado Joel García, estaría relacionada con políticas internas del organismo.

La información fue difundida por García el 31 de agosto, quien señaló que las declaraciones de los funcionarios podrían evidenciar la existencia de un patrón institucional dentro de la Dgcim.

El abogado sostuvo que estas actuaciones podrían constituir una forma de falsedad ideológica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 320 del Código Penal venezolano. A su juicio, el reconocimiento de estas prácticas también podría comprometer a distintos niveles de la cadena de mando ante la CPI.

García compartió sus señalamientos a través de su cuenta en X, donde destacó las posibles implicaciones jurídicas de las declaraciones realizadas por los funcionarios ante el tribunal internacional.